Le estaban exigiendo que un extraditable a la justicia quede en libertad mientras pactaba en casos de corrupción
En medio de una audiencia, la Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de corrupción a Miryam Alcira Martínez López, tanto que un juez de control de garantías ordenó enviarla a prisión a la jueza 77 debido a presuntos delitos de soborno legal.
La investigación conocida como el ‘vender la justicia al narcotráfico’ tenía ese elemento que el ente acusador lo definía formalmente, como parte de un operativo por el cual se indagó el material probatorio con los detalles clave sobre el posible entramado de corrupción judicial en Colombia.
La investigación de la Fiscalía señaló que se realizó un pacto de pago total de $1.200 millones de pesos con el fin de otorgar de manera irregular un habeas corpus, lo que quería decir que el dinero encontraba mediante sus unidades de investigación dejar en libertad al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, quien era requerido en extradición por delitos de narcotráfico.
Aunque fue dejado en libertad, la decisión fue revocada tres días después tras revisar que otro funcionario judicial seguía en materia de investigación, por lo que el extranjero sigue tras las rejas.Martínez López, otra jueza, fueron judicializados junto con el funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, Waldo Garavito Mejía, y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.
Lo que se informó a través de estos implicados es que, supuestamente, Herrera entregó un primer pago de $600 millones en efectivo a la jueza, mientras que Garavito habría ayudado a agredir e interrumpir el turno judicial de reparto un fin de semana para evadir sospechas con base a la investigación con la que se quería realizar.
A los capturados se les imputaron los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, la jueza López enfrenta cargos por presunto prevaricato por acción. La procesada no aceptó los cargos imputados durante las audiencias preliminares.