Contraloría alerta al presidente electo
Una grave alerta se presenta en el tema de estimar cada ingreso que debe fortalecer Colombia, con un hueco de casi 27 billones de pesos que estarían obligando a recordar un gasto para el 2026, según expone un informe entregado desde la Contraloría General de la República al presidente electo, Abelardo de la Espriella.
‘Con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones, de los cuales se han recaudado ingresos por $252,68 billones, equivalente al 54,5% del presupuesto, lo que representa un importante desafío para garantizar su financiamiento en 2026’, enfatiza el comunicado de prensa.
Pero eso no es todo. De acuerdo con el informe, la actualización que se está evaluando desde los puntos fiscales, reconoce el no alcanzar ‘la meta inicial de recaudo tributario para 2026, prevista en $321,46 billones, y la ajusta a $249,28 billones. No obstante, la Contraloría identificó que, con corte al 16 de junio, el recaudo tributario asciende a $138,17 billones, lo que evidencia, por ahora, un déficit de $32 billones’.
Según la Contraloría, además de que esto perjudicaría a las preparaciones para la transmisión del mando para afrontar este reto económico, la explicación acorde a la iniciativa, es que el nuevo gobierno deberá atender estos desafíos con el fin de sostener públicamente la estabilidad macroeconómica del país, ya que las proyecciones de ingresos deberá mostrarse alentador para manejar la finanza fina.
Presión pública
El informe no solamente refleja lo que es hacer un leve comentario en torno a los presupuestos, sino que hace énfasis en cifras que consideren líneas de atención.
‘Se evidencia una aceleración en la colocación de deuda, pues, con corte a junio de 2026, se ha comprometido el 76% del cupo de endeudamiento de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, frente a $47,28 billones comprometidos en el mismo periodo de la vigencia anterior’, resalta.
Aparte de lo que se mostró anteriormente, la Contraloría indica que deberá existir una coordinación entre las instituciones económicas responsables de prevenir y controlar toda situación, tales como el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General de La Nación, Fiduprevisora y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Incluso, el aporte especial que se publicó en un trino por X, dice que el análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ‘evidencia un escenario más exigente para las cuentas del Gobierno Nacional y para preservar la estabilidad macroeconómica’.
El texto presentado que deberá afrontar Abelardo de la Espriella por la CGR, comenta que ‘si el Estado no cuenta con nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto, al menos, en ese mismo monto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas’.
El informe continúa diciendo que ‘reiteramos la importancia de fortalecer el rigor técnico en la estimación de los ingresos y en los supuestos fiscales para disminuir la necesidad de realizar grandes ajustes presupuestales durante la vigencia’.
‘La inversión continúa con bajos niveles de ejecución en sectores estratégicos. Con corte al 25 de junio, Transporte registra una ejecución del 10,8 % y Salud del 9,48 %’, actualizando además lo que se concretó a través del comunicado de prensa.
Sugerencias de la Contraloría a De la Espriella
Aunque la evaluación también comandada por la Procuraduría General de La Nación se haya hecho abiertamente, la Contraloría concluye que el Estado saliente deba presentar un reporte que detalle las responsabilidades institucionales que se encuentren en trabajos resueltos, ya que los deberes constitucionales de resguardar la vida de los ciudadanos, proteger la familia y la salud; asegurar el acceso a la educación, recaudar los tributos, entre otras, debe convertirse en un factor fundamental para gestionar los recursos financieros, administrativos y humanos.
La administración pública se ha convertido en un conjunto que no ordena de muchas entidades, que acumulan deudas a superar los 48% de las reservas de inversión, sumando además la infraestructura del transporte, educación, salud, abastecimiento de agua y demás servicios, lo cual permanecen con estado pendiente de pagar para completar su ejecución al Estado actual.
Desde la Contraloría, sugiere al gobierno electo que haya concentración de esfuerzos en la estabilización económica y fiscal, además de aplicar otras medidas con el fin de controlar la inflación, asimismo, crear un fondo de estabilización para moderar el impacto de las variaciones de los ingresos petroleros, reduciendo el tamaño de la administración pública nacional que regule la fusión de organismos para realizar papeles similares y eliminar las entidades que no sean necesarias para la economía, la coordinación de actividades de todos los organismos policiales y, debidamente, identificar todas las prevenciones del delito; reorientar la inversión en la educación y, lo más importante, mejorar la capacitación de la fuerza de trabajo que se aplique en el país, recuperar la instalación de equipos existentes en hospitales y la compra de medicamentos para pacientes y garantizar la prestación de servicios que dignamente conecten entre ellos.