Informe de la Comisión Segunda del Senado
Un informe radicado por el senador Antonio Correa del Partido de la U y presidente de la Comisión Segunda del Senado, revela que durante la protección delos niños, niñas y adolescentes, se reportó una cifra dolorosa y crítica para las víctimas del conflicto armado, cuyo resultado es de 16 menores de edad.
El informe presentado ante la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, quien fue citada a un debate de control político sobre el apoyo de los niños como parte de los mecanismos de protección integral para la comunidad infantil, por cuanto consideraba de esa forma defender los derechos, se necesita transitar el enfoque directo hacia un modelo que centre en la prevención estructural para mantener los accesos directos a la educación, la seguridad alimentaria y la presencia del Estado en departamentos afectados como en Guaviare.
Este diagnóstico es uno de los documentos que se entregó a los asesores del ICBF, a solicitud del Congreso de la República, para esclarecer la situación real sobre los secuestrados a los menores de edad por cuenta del conflicto armado.
Según las inspecciones efectuadas para la preparación de proteger a los niños es que, para la fecha en que el cargo anterior era de Astrid Eliana Cáceres, congresistas se habían comprometido en revisar estos errores acordados como la escasez de datos precisos, fallas en la coordinación y en la limitación de recursos presupuestales, y que de haberse continuado con el ritmo de gastos, se aumentaría los casos de reclutamiento, tal y como la senadora Jennifer Pedraza denunció estos casos en horas de la mañana.
‘La Comisión no quedó satisfecha con sus insuficientes respuestas, así que nos volveremos a ver en un próximo debate de control político y esta vez esperamos que respondan a las preguntas. La niñez no puede seguir esperando mientras el Estado sólo da excusas’.
Ante esa situación, la crudeza de estas cifras refleja una preocupación adicional del aumento del reclutamiento a menores de edad, a los fines de atender los compromisos contraídos.
Sin soporte
Detrás de las intervenciones institucionales se lograron ejecutar alertas que son emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que continúan repentinamente visibilizando el drama humano que se recibe a través de sus estadísticas, de los cuales ya no tiene soporte.
‘Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro, asociado a muchas situaciones, como el temor, la naturalización o la falta de información sobre a dónde acudir, entre otras. El reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica’, dijo el pasado mes la defensora, Iris Marín.
El pasado hasta la fecha
Entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, la reactivación y ejecución de estas operaciones militares estratégicas y de bombardeos bajo la adiminstración se volvió a poner en el centro del debate en el drama del reclutamiento, después de los operativos que se comandaron gracias a que las disidencias de las Farc mediante la operación Amón y Azarías, confirmaran la muerte de al menos seis menores, previamente instrumentalizado por grupos ilegales como combatientes o escudos humanos.
Entre las observaciones que se lograron percatar en ese entonces, es que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportaba que las historias truncadas de menores de edad merecían una protección integral de los padres de familia, educación y un futuro seguro para los que se encuentran en su etapa de crecimiento, según su tipo de madurez a reportar.
Puntos importantes de la controversia
Otras observaciones de estos puntos tratados con el senador Correa y la directora, Restrepo, son las siguientes:
- Se envió una carta viral a la directora del ICBF tras sus declaraciones sobre la contratación y el manejo de recursos para las madres comunitarias.
- La recriminación a la directora que el Parlamento sacó adelante la proposición para garantizar los fondos destinados a la formalización laboral de las madres comunitarias.
- Aunque la dirección del ICBF tiene el derecho y el deber de auditar el presupuesto mediante los entes de control, estos procesos no deben utilizarse para vulnerar los derechos adquiridos de las madres comunitarias ni para estigmatizarlas.
- Hay presuntas irregularidades y llamado la atención al entonces presidente Gustavo Petro respecto a la contratación y el manejo de los recursos dentro de la entidad.