La funcionaria tuvo que cumplir con la colaboración que ordenó la Fiscalía debido a los malos tratos que recibió con el nuevo director
En una información preliminar en relación con los desacuerdos que se han solicitado al INPEC acerca de su papel como exsubdirectora de la cárcel La Esperanza de Guaduas, llegó la certificación del destino en las que denunciaba la reintegración al cargo o superior a la categoría en la que fue designada, al concluir con lo que inmediatamente tuvo en su retiro por el estado de retaliación en las que denunciaba malos tratos y llamados de atención por parte del nuevo director. Según la información oficial, la funcionaria había colaborado con la entidad de la Fiscalía Anticorrupción para determinar una investigación cuando se dio a conocer la captura en la que fue entonces director del penal, donde nunca se tramitó las quejas y permitió la retirada en sí por parte del INPEC sin necesidad de dar motivos correspondientes.
La demandante María Luisa Hernández Lozano, tuvo en sus manos la parte de las rogatorias en las que se han usado parte de la denuncia para comprobar que la entidad judicial había solicitado a las autoridades colaborar con la despedida, en relación a las malas conductas que han tenido que abarcar los cargos de libre nombramiento y remoción culminado sin dar el pase autorizado, pero que la misma facultad no puede determinar si es arbitraria. En sí se demuestra que es una desviación de poder al que haya denunciado el documento en la que se ha podido recalcar, cargo en que la decisión fue procesada en la instrucción que se recibiera a través de una acción de tutela.
En la información, se destaca que el INPEC retiró una parte de la identidad personal a la que pertenece sin ofrecer motivos cuando se tramitó esta queja, lo cual fue completada con lo que se esperaba al acosador, quien estaba a punto de hacerles llegar.
Toda la documentación está debidamente certificada, por lo que los valores lo han dispuesto de forma legal y competente para Colombia.
¿Cómo fue?
En las investigaciones llevadas a cabo en relación al destino de las malas conductas y que ahora estaban siendo recibida por las autoridades, se determinó que el hombre, identificado como Elmer Fernández Velasco, las conductas al uso generado para demostrar el desagrado e incomodidad con María Luisa, le había ordenado todos los campos para entregar el establecimiento, cuyas firmas aún no estaban autorizadas hasta no ser entregada por la dirección deseada.
El coronel Fernández no lo dejaba para formar parte de los cuerpos laborales y de seguridad como para cumplir con las tareas a realizar cabalmente, pues contrario a ello, a través de sus comunicaciones verbales e insignificantes, le habían impuesto las labores que no tenían en su competencia, por lo que la denuncia se radicó en mayo de 2020 ante la Procuraduría y la Consejería Presidencial para la Mujer. Como titular, la denuncia había sido por calumnia frente al msmo coronel.
Una vez recibida la denuncia el 14 de mayo, desde las entidades judiciales femeninas informan que el INPEC no pudo verificar los hechos que se denunciaron, mediante una Resolución No. 004494 del 2 de octubre de 2020, en la cual declaró de forma inconsistente el establecimiento que anticipó la cárcel La Esperanza del municipio Guaduas, Cundinamarca. El cuidado médico estaba encargada para ser trasladada al hospital San Rafael del Espinal, Tolima, donde le generaron incapacidad por trastornos del espectro ansioso y de depresión, pero que cuando fue a urgencias, le otorgaron otra incapacidad cuando se confirmó la otra resolución para el mismo mes y año.
Tengo que traducirlas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó los cargos que ha tenido que enfrentar, pero no puede ser arbitraria y demostró que la decisión no buscó como tal mejorar el servicio de la denuncia, sino tomar acciones legales para saber a quien se le debería denunciar con las pruebas que solicitó.
La información está contenida por un testimonio que se hizo llevar a la Sala para concluir que hubo un desvío absoluto en la línea de poder y que el director afirmó haber recibido la denuncia que puso Fernández en la mesa, con la orden de ‘sacar’ a la funcionaria, por lo que en la Sala rechazó los argumentos que tuvo providencialmente el INPEC de no conocer de alguna forma las quejas, pues debido a esto fueron radicadas ante la propia entidad y demás autoridades.